La Trinchera

Jueves, 01 de junio de 2006

La habitación del pánico

Decía Pierre Villaume que “la esparanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al crimen”. Llevamos varios días hablando de robos en chalets, de secuestros expres, de violencia en general desplegada por una nueva clase de delincuentes, la mayor parte de ellos venidos de fuera, amparados por un proceso migratorio de proporciones descomunales pero, sobre todo, atraidos por el efecto llamada que ejerce sobre los criminales un Código Penal que se ha quedado obsoleto y no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Delinquir en España es muy barato. Y eso no es lo peor: lo es más cuanto más elevado sea el grado del crimen cometido. Es decir, para quienes con violencia y un absoluto desprecio por la vida –propia y ajena- se dedican al robo intimidatorio de casas particulares, provocando auténticos estados sociales de alarma, las penas resultan excasamente coercitivas. Más bien, al contrario, a esta nueva clase de delincuentes les parece incluso excitante el riesgo de cometer el delito, porque son conscientes de que, en caso de ser detenidos, su estancia en la cárcel será corta, lo suficientemento corta como para volver al camino del crimen una vez cumplida la pena. Es cierto que siempre ha habido delincuencia, pero también lo es que de un tiempo, corto, a esta parte nuestro país se asemeja cada vez más, y a pasos agigantados, en sus niveles de inseguridad ciudadana, a naciones como Colombia o Mexico. Y la realidad es que partíamos de una situación, en lo que a inseguridad se refiere, muy similar a la de otros países de nuestro entorno y muy alejada de los niveles de violencia de aquellos países de América Latina y Estados Unidos.

Ya se que es políticamente incorrecto vincular inmigración y delincuencia, pero lo cierto es que si cualquiera de ustedes hace una encuesta por la calle, nadie duda de la estrecha relación entre una cosa y otra. Con todo, les diré para que no haya lugar a equívocos que, desde mi perspectiva, la inmigración es un bien social y, si fuera posible la utopía liberal en la que creo, los seres humanos deberían de poder circular de un lugar a otro sin mayores trabas que el propio deseo de hacerlo. Vamos, que si fuera alcanzable, deberíamos permitir la entrada a nuestro país a todo el que quisiera. Dicho esto, la realidad es tozuda y bien distinta. Al final es imposible sentar a todo el mundo a comer a la misma mesa, porque no hay viandas para alimentar todas la bocas, de ahí que los estados se vean obligados a poner coto a la llegada de inmigrantes. Es evidente que el problema radica en los países de origen, ya que nadie ‘escapa’ de la misera si ésta no existe, y al final la inmigración se convierte en un terrible drama humano que nos enfrenta a nosotros mismos y a nuestra propia vida complaciente. Pero lo cierto, lo que tiene que plantearse cualquier gobierno serio y responsable –es decir, justo lo contrario de lo que tenemos nosotros-, es que al amparo de la inmigración han llegado también nuevas formas de delincuencia, y contra eso una sociedad tiene que protegerse. Y el modo de hacerlo, además de con medidas policiales efectivas, es, también, con la adaptación del código penal a los nuevos tiempos del crimen organizado.

¿Por qué no se hace? Vayamos por partes, pero ese es el fondo del problema. Vivimos una época en la que el Gobierno fomenta la descomposición ética y moral de la sociedad. En ese escenario en el que a Ródriguez parece que lo único que le importa es acabar con el modelo de sociedad que los españoles nos dimos con la Constitución del 78, el agravamiento de la delincuencia es una consecuencia inevitable. Cuando un gobernante solo se deja llevar por una concepción de la sociedad alejada de cualquier comportamiento éticamente responsable y moralmente aceptable, y da pasos en la dirección del desmoronamiento de los principios que, hasta ahora, han venido sustentado el modelo social, lo lógico es que él mismo pierda cualquier interés por dar solución a algo que forma parte de un modelo social amoral y antiético, y de ahí que por toda respuesta a la escalada de delincuencia y el incremento de la preocupación de los ciudadanos por este problema anuncie la creación de un supuesto Centro de Inteligencia contra el Crimen, o algo así, que resulta que ya existe y cuya única efectividad es la de compartir información, pero nada más. Eso, y enviar un grupo de reclutas de la Guardia Civil a Cataluña, es decir, al mismo sitio de donde habían salido hace bien poco consecuencia de una medida que se ha demostrado enormemente errónea pero que fue calurosamente aplaudida por el nacionalismo radical. Ahora se tientan la ropa.

Es decir: ni medidas policiales efectivas ni, mucho menos, replanteamiento del axioma según el cual la pena de cárcel debe ser redentora, un viejo eslogan de la izquierda en el que ya no cree nadie que tenga dos dedos de frente, con la excepción de los radicales nostálgicos. La izquierda siempre vio en el delincuente un modo de alcanzar sus objetivos, en la medida que su acción destructora contribuía a ese fin de desmoronamiento de la ética y la moral. En la vieja URSS, los delincuentes eran aceptados como parte del objetivo inicial de sometimiento de la sociedad, y una vez logrado el orden marxista, entonces se les eliminaba. Pero hasta ese momento eran elementos recuperables en las cárceles. La izquierda europea, la que seguía soñando con la utopía marxista y no veía más allá de sus narices, siempre creyó que al delincuente había que recuperarlo para la sociedad. Y, en ciertos casos, puede ser así, y por eso la cárcel debe tener un objetivo de reinserción. Pero los ‘nuevos delincuentes’ son seres sin ninguna clase de respeto por la vida, por la libertad y por el Estado de Derecho, y es necesario reaccionar con firmeza ante esta amenaza. Tenemos que cambiar nuestra percepción, adaptarnos a una situación en la que la indefensión es cada vez mayor, y armar nuestro Estado de Derecho de los instrumentos suficiente para luchar contra estas nuevas formas de crimen.

¿Cómo se hace esto? Desde luego, no con bates de beisbol y patrullas ciudadanas. Precisamente de lo que se trata es de evitar que los ciudadanos lleguen a ese punto de generar sus propias medidas de autodefensa. No queremos una sociedad en la que llevar armas sea el pan nuestro de cada día, o al menos yo no la quiero. Las experiencias de autodefensa han sido, hasta ahora, hechos aislados, pero pueden empezar a convertirse, también, en un problema si los ciudadanos no ven respuesta a sus demandas en las autoridades. Cortar de raíz esa más que posible escalada de violencia está en manos de los que nos gobiernan. Es necesaria una reforma del Código Penal, y si hace falta de la Constitución, e introducir en nuestro sistema jurídico la posibilidad de penas más duras de cárcel para los delincuentes sin posibilidad de reinserción. Nunca hasta ahora se había extendido entre nosotros esta certeza de que las bandas organizadas actúan con una absoluta impunidad, generalizando una sensación de angustia entre los ciudadanos que temen, no solo por sus bienes, sino también por sus vidas a manos de criminales sin escrúpulos. Lo peor de estas nuevas formas de delincuencia no es que se produzcan más delitos, que a lo mejor las cifras oficiales pueden desmentir esa sensación, sino que quienes los cometen despliegan unos niveles de violencia desconocidos hasta ahora. ¿Cuándo nos habíamos planteado en este país la necesidad de construir habitaciones del pánico en las viviendas? Nunca antes. Como tampoco habíamos conocido la moda de los secuestros expres.

El problema, por tanto, no es que exista más o menos delincuencia –que ha existido siempre-, sino que ésta se convierta en un elemento que coarte las libertades y los derechos de los ciudadanos hasta un punto hasta ahora desconocido. Cuando tantas veces denuncio los ataques a la libertad que este Gobierno permite e, incluso, fomenta, no me refiero solo al hecho de leyes concretas, sino al favorecimiento de un clima de descomposición de los valores democráticos, que puede no ser perceptible a primera vista, pero que es evidente en cuanto empezamos a analizar el modo en que el Gobierno se desentiende de los principales problemas que afectan a los ciudadanos, y favore con su actitud indolente la aparición y la extensión de elementos ajenos a la idea de libertad y democracia. En la medida que la violencia se acabe instalando en la sociedad, la libertad habrá cedido un terreno vital para su propia existencia. Una sociedad violenta, no es una sociedad libre. Una sociedad xenófoba, no es una sociedad libre. Una sociedad que acabe mirando a los que vienen de fuera como enemigos, no es una sociedad libre. Y lo que está favoreciendo el Gobierno es el nacimiento a largo plazo de una nueva sociedad, intolerante y violenta, fruto de la inacción de la que adolece hoy, sin duda consciente, el Ejecutivo de Rodríguez. Porque esa es la sociedad que él busca, una sociedad amoral, sin normas ni principios.

Por: FEDERICO QUEVEDO LOPEZ-VARELA | SOCIEDAD | Comentarios (0) | Referencias (0)