La Trinchera

Lunes, 10 de octubre de 2005

Zapatero quiere emular a Azaña y retomar la historia en 1932, con lo que eso implica de riesgo para España

Artículo publicado en El Confidencial

“Quien nos iba a decir que íbamos a volver a vivir los tiempos de la Transición”, le dije, a la salida del Foro ABC, a un buen amigo al que hacía tiempo que no veía. “No. ¡Quien nos iba a decir que volveríamos a vivir los tiempos de la República!” me contestó, sintetizando lo que ese mismo día pude comprobar como una realidad fehaciente después de asistir por la mañana a un desayuno con el presidente del Gobierno y, por la tarde, a un almuerzo con el líder de la oposición. Desde que el pasado viernes 30 el Parlamento Catalán remitiera a las Cortes Generales el nuevo Estatuto, la convulsión que, en mi opinión, estaba larvada en la conciencia colectiva desde aquel 11 de marzo de 2004 –cuyo recuerdo volvió a enarbolar ayer el propio Rodríguez como necesitando asirse a una tabla de salvación-, ha brotado a la superficie como la lava de un volcán.

Hasta aquí, creo yo, hemos llegado. No hemos pasado una Guerra Civil entre 1934 y 1939, y cuarenta años posteriores de dictadura, para volver al lugar que dio origen a las mismas, y todo porque un presidente del Gobierno se ha empeñado en que la Historia le recuerde como un segundo Manuel Azaña, con la diferencia de que éste quiere terminar la labor que aquel comenzó y no terminó, sin ser consciente de que lo que hizo que entonces el proyecto no llegar a buen puerto fue, precisamente, que partía de un planteamiento divisorio en lugar de tener voluntad integradora.

Varias décadas después los españoles dimos el paso que no fuimos capaces de dar entonces, y sobre la base de un proyecto de convivencia compartido y aceptado por todos, dirigido con mano firme y voluntad de consenso por Adolfo Suárez, votamos la Constitución Española de 1978. Para mi, y creo que para una gran mayoría de españoles, esa fue nuestra gran victoria colectiva, la manera en que hicimos justicia a una Guerra y a una dictadura que solo sirvieron para enfrentarnos, unas veces con la palabra, y otras con sangre y fuego. Hasta hoy. Hasta el día en que Rodríguez se enfundó el traje de justiciero de la Historia y movido por un equivocado afán revisionista ha decidido retrotraernos a los orígenes de nuestras peores pesadillas, con la ayuda eficaz del dúo Maragall-Carod que hacen las veces de un Companys que ya en su día prometía como heredero de la más rancia tradición autárquica y estalinista.

Y eso que, estos, ni siquiera llegan a la décima parte de la altura intelectual de Azaña o Companys, pero eso es además.

Rodríguez se ha propuesto liquidar los consensos de la Transición. ¿Por qué? No hay otro motivo que esa particular visión de una España confederal que he denunciado tantas veces y que, a cada paso, se hace más patente en sus propias contradicciones. Rodríguez, lo comprobé in situ, es incapaz de hablar de España con la misma pasión con la que habla, por ejemplo, de lo mucho que colabora Marruecos a luchar contra la inmigración ilegal, y para justificar su desamor hacia el país que gobierna tiene la desfachatez de afirmar que su única patria es la libertad... la libertad que, precisamente, tanta sangre ha costado conseguir en defensa, entre otras cosas, de nuestro proyecto común y compartido de convivencia. Es decir, de España.

He empezado a leer el Estatuto. No hace falta pasar del preámbulo –dotado de validez jurídica, digan lo que digan-, para darnos cuenta de que lo que ahí se propone es una ruptura total con el marco de convivencia que pactamos entre todos en 1978. Y, lo peor, es que se hace provocando el enfrentamiento y buscando la confrontación con el principal partido de la oposición, el único garante de la alternativa política, necesaria para que una democracia sea tal y podamos decir que convivimos en ella. No había ocurrido hasta ahora. Ni con Suárez, ni con González, ni con Aznar.

Rodríguez quiere emular a Azaña. Lo hace conscientemente, sin importarle que el empeño implique gravísimos riesgos para la convivencia. Quiere reformar la Constitución, y como no puede hacerlo por la vía ordinaria porque necesita el concurso del PP, lo hace a través de una ilegalidad, tramitando una reforma estatutaria que en sí misma implica modificar la Constitución en casi todos su articulado. Y lo hace “obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse que se legislaba para España”, como afirmaba Alcalá Zamora de aquella Constitución del 31 que “invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituye a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes”.

Si hoy Miguel de Unamuno le reprochara a Rodríguez el estar transgrediendo la ley como hizo en su día con los diputados que votaron la Constitución de la República, seguramente Rodríguez le contestaría lo mismo que le contestaron a Unamuno: “Sí, es injusta, pero aquí no se trata de justicia, sino de política”. Y aquello condujo a la confrontación que ya todos conocemos.

Por: FEDERICO QUEVEDO LOPEZ-VARELA | POLITICA | Comentarios (0) | Referencias (0)